Maira Calero y Ana Hidalgo



Políticas públicas para la Diversidad e Inclusión
En un Estado social de derecho, toda persona es igual ante la ley. Por tanto, la igualdad debe traducirse en el trato idéntico del Estado para todos y todas, y en este sentido se reconocen derechos iguales para todas las personas.

POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL, contemplada en el documento Conpes  166 de 2013.

El Gobierno Colombiano, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social como ente rector del Sistema Nacional de Discapacidad y coordinador de la Política de Discapacidad, En el 2013 aprobó el documento Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) 166 de 2013 que define la política de discapacidad.

En el documento se definen los lineamientos, estrategias y recomendaciones para avanzar en la implementación de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social, contribuyendo de esta manera al propósito de lograr el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad.


Cinco Estrategias forman el Plan de Acción. 
La Política Pública para garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, será ejecutada mediante el desarrollo de cinco estrategias incluidas en el Conpes 166 de 2013 que hablan sobre programas a desarrollar. 
PLAN DE ACCIÓN A partir de un proceso participativo a nivel nacional en el que se definieron las variables que inciden en mayor medida sobre el ejercicio pleno y en condiciones de igualdad de los derechos de las PcD, sus familias y cuidadores, se determinaron cinco estrategias, así como las acciones asociadas a cada una de ellas, para la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social, orientadas al cumplimiento de los objetivos planteados en el presente documento. 
1. ESTRATEGIA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LO PÚBLICO
Para el logro del primer objetivo específico de la PPDIS y con el propósito de generar y promover procesos de gestión pública eficientes, efectivos, articulados y transparentes para el diseño e implementación de planes y programas en todos los niveles de planeación, las entidades del orden nacional definirán los mecanismos para mejorar la calidad de la información sobre discapacidad ampliando la cobertura del RLCPD, implementando el Observatorio Nacional de Discapacidad — OND e incluyendo información en censos y encuestas y registros administrativos y demás sistemas de información. 44 Véase Anexo 3. Síntesis del proceso participativo de construcción de Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social. 33 De igual manera, se definirán las medidas para la inclusión laboral en servicios y espacios culturales, los mecanismos para el acceso de las PcD al transporte, las rutas para la inclusión social de las PcD pertenecientes a la fuerza pública y para la atención y superación de la pobreza extrema y se diseñarán las herramientas para la identificación de recursos de inversión destinados a esta población. Por su parte, para fortalecer los procesos de trasformación pública que incorporen una perspectiva diferencial por género, se brindará asesoría técnica a las entidades estatales para incorporar el enfoque de género en los programas de discapacidad, se integrará un Consejo para la inclusión, que fomente los procesos laborales45 y productivos, se considerará la variable de discapacidad en todos los proyectos de mejoramiento y adaptación de vivienda y también en la focalización hacia PcD de proyectos que requieran convocatorias. 
2. ESTRATEGIA PARA LA GARANTIA JURIDICA
Para garantizar el acceso efectivo a la justicia, el pleno reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídica de las PcD y para garantizar su inclusión social, se establecerán los mecanismos para asegurar que las PcD tengan los apoyos que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica y las salvaguardas adecuadas y efectivas para impedir abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. De igual forma, se garantizará que las PcD que se encuentran privadas de la libertad gocen de las mismas garantías procesales y administrativas que las demás personas recluidas. 
3. ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA
Con el propósito de fortalecer la participación plena y efectiva de las PcD, el gobierno nacional asesorará y acompañará a las organizaciones sociales de PcD, familias y cuidadores, asociaciones y federaciones, promoverá la organización, articulación, movilización e incidencia política de las PcD incluyendo la participación en la dirección de 45 Los procesos laborales y productivos hacen referencia a la preparación de las PcD para el desempeño laboral y productivo, tanto en capacidades, habilidades y competencias. Incluye también la gestión con los gremios y el sector productivo, el fortalecimiento del sector solidario de la economía, la articulación oferta — demanda, lo que corresponde a dicho Consejo de Inclusión, el cual debe ser reglamentado en función de la Ley Estatutaria 1618 de 2013, por las instancias que conforme a dicha Ley lo integren. 34 los asuntos públicos y en las organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política del país. Igualmente promoverá la participación, al igual que la constitución de organizaciones de PcD y concertará y articulará la ruta de atención de víctimas de MAP, MUSE y AEI. 
4. ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD
Las siguientes acciones se orientan a generar y fortalecer las capacidades humanas de las PcD, sus familias y cuidadores, y la equiparación de oportunidades para el desarrollo y participación en todos sus ámbitos. En materia de acceso a servicios de salud, se incluirá en todos los planes de beneficios el suministro de los servicios y tecnologías de apoyo y dispositivos para la habilitación y rehabilitación funcional de las PcD, se incorporarán indicadores de discapacidad en las auditorias para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud — PAMEC46, se diseñarán e implementarán mecanismos de articulación, seguimiento, monitoreo y se establecerán sanciones para las EPS e IPS, o quienes hagan sus veces, que nieguen o dilaten la atención en salud. Lo anterior con el objetivo de garantizar el acceso a los servicios de salud. En cuanto a las acciones para fortalecer el acceso a educación, se modificarán los currículos educativos para incluir orientaciones sobre actividad física, educación física incluyente y deporte paralímpico en conjunto con federaciones, ligas paralímpicas, organizaciones de y para PcD y entidades territoriales del deporte y la recreación. Adicionalmente, se implementarán las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad física, comunicacional e informativa a los escenarios y prácticas deportivas y recreativas para la participación de las PcD. 
Por su parte, el ICBF construirá e implementará un programa de atención a familias de PcD en situación de vulnerabilidad. 
5. ESTRATEGIA PARA EL RECONOCIMIENTO A LA DIVERSIDAD
Con el fin de generar un cambio en el imaginario social frente al reconocimiento de las PcD como parte de la diversidad humana y su dignidad inherente, que contemple los principios del respeto por la diferencia y la accesibilidad universal, para lograr una sociedad incluyente, se promoverá y favorecerá la importación, diseño, desarrollo, producción y distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles a las PcD. Igualmente, se asegurará la accesibilidad de las PcD a la alfabetización digital, el uso de dispositivos, y tecnologías de la información, las telecomunicaciones y la señalética47. Así mismo, se garantizarán formas de acceso y accesibilidad en los espacios y procesos culturales, se identificará la oferta institucional para desarrollar el potencial artístico y cultural de las PcD y se implementará la política de diversidad cultural reconociendo el abordaje de la discapacidad. 

Avances en cuanto a políticas de Discapacidad.






ATENCIÓN EDUCATIVA A POBLACIONES VULNERABLES





La política de la Revolución Educativa del gobierno nacional da prioridad a la educación de poblaciones vulnerables y, dentro de ellas, a las que presentan discapacidad porque "si formamos a estas poblaciones que anteriormente estaban marginadas de la educación, le apostamos a que se vuelvan productivas, sean autónomas y fortalezcan relaciones sociales; así, la educación se convierte en un factor de desarrollo para sí mismas, para sus familias y para los municipios en donde viven", explica Fulvia Cedeño, asesora del Ministerio de Educación Nacional.

"Cuando la Revolución Educativa plantea que estas poblaciones son prioritarias, significa que los establecimientos educativos deben transformarse y modificar su cultura de atención a ellas", explica. De ahí la importancia de que los Planes de Mejoramiento Institucional (PMI) contengan acciones orientadas a la atención pertinente a estas poblaciones en todos los ámbitos de la gestión: directiva, académica, administrativa y comunitaria. "Anteriormente se pensaba que las personas con discapacidad no tenían condiciones para aprender; empezamos a trabajar por cambiar estos imaginarios, a revisar las prácticas y a generar una política de inclusión", señala la doctora Cedeño.

Durante los últimos cuatro años, el tema de la inclusión se ha dinamizado en las entidades territoriales (véase la sección Debate). En varias de ellas se cuenta con una oferta educativa organizada y con una clasificación de las mismas por niveles, de acuerdo con la gestión que han desarrollado para atender a estas poblaciones¹.

Los datos del Censo de 2005 reportan 392.084 menores de 18 años con discapacidad, de los cuales 270.593 asisten a la escuela y 119,831 no lo hacen.

Desde 2003 y hasta 2006, las secretarías reportan la matrícula de 81.757 estudiantes con discapacidad en 4.369 establecimientos educativos. A pesar de estos avances, indudablemente significativos, aún son grandes los retos para lograr que todos ingresen al sistema educativo y sean educados con pertinencia y calidad.

Así pues, la política de inclusión de la población con discapacidad busca transformar la gestión escolar para garantizar educación pertinente a estudiantes que presentan discapacidad cognitiva, síndrome de Down y otros retardos como autismo, limitación auditiva por sordera o por baja audición, limitación visual por ceguera o por baja visión, discapacidad motora por parálisis cerebral u otra lesión neuromuscular y discapacidades múltiples, como ocurre con los sordo-ciegos.

Todas estas personas tienen potencialidades para desenvolverse dentro del espacio educativo y social y pueden acceder a los diferentes niveles y grados de la educación formal de Colombia. La escuela les debe garantizar los apoyos adicionales que demandan, con el fin de que desarrollen las competencias básicas y ciudadanas, aun cuando necesiten más tiempo y otras estrategias para lograrlas.

De la integración a la inclusión
Tradicionalmente, e incluso hoy en día, en diferentes regiones del mundo el concepto de inclusión educativa ha sido restringido a un grupo de estudiantes con necesidades especiales, como aquellos con discapacidades físicas y/o mentales y menores refugiados. Los enfoques y respuestas han sido esencialmente compensatorios y/o correctivos, principalmente mediante el establecimiento de estructuras curriculares, programas de estudio y escuelas especiales diferenciadas. En muchos casos, una de las consecuencias más significativas de una estructura institucional y curricular diferenciada ha sido la segregación y el aislamiento, dentro del sistema educativo, de aquellos estudiantes considerados y a veces estigmatizados como con necesidades especiales.

No se trata de contraponer los modelos de integración e inclusión como opciones excluyentes de política (¿cómo podemos integrar sin incluir, o incluir sin integrar?), sino de entender y avanzar en la idea de que cada escuela enfrenta el desafío concreto de incluir a todos y no dejar a nadie por fuera.

En este sentido la política de educación inclusiva se propone atender a los niños, niñas y jóvenes con discapacidades a lo largo de todo el ciclo educativo, desde la educación inicial hasta la superior. La inclusión pretende que dichas poblaciones desarrollen sus competencias para la vida en todos los niveles, alcancen los estándares y puedan aplicar las pruebas de evaluación, con apoyos particulares. Por ejemplo, con un intérprete de lengua de señas para los sordos, un lector para los ciegos, más tiempo y tutoría, para que la población con discapacidad cognitiva, e inclusive que se envíen las pruebas a los municipios en donde habitan quienes tengan dificultad para desplazarse.


Matricularlos e incluirlos en la educación formal

La Resolución 2565 de 2003 establece que cada entidad territorial debe definir una instancia que efectúe la caracterización y determine la condición de discapacidad de cada estudiante, con el propósito de identificar sus barreras para el aprendizaje y garantizar la participación con miras a proponer los ajustes que la escuela debe hacer para brindarle educación pertinente. Asimismo, se requiere que en los municipios se articulen los servicios de salud y de protección: EPS, ICBF, Desarrollo Social, atendiendo el Marco para las Políticas Públicas y Lineamientos para la Planeación del Desarrollo de la Infancia y la Adolescencia en el Municipio y las orientaciones pedagógicas para la atención educativa de estudiantes con discapacidades y con talentos excepcionales5, construidas por el ICBF, el Departamento Nacional de Planeación y los Ministerios de Educación y de la Protección Social.

Los padres y madres deben inscribir a su hijo en el proceso ordinario de matrícula establecido en la entidad territorial. En la ficha de inscripción se les pregunta si tiene alguna necesidad educativa especial (NEE), una discapacidad y de qué tipo. Es una manera de conocer de antemano las condiciones, para así garantizar los apoyos correspondientes.

A su vez, las secretarías de educación tienen la obligación de asignarles la institución que les garantice los apoyos más pertinentes, enmarcados en los proyectos educativos institucionales los cuales, por naturaleza, son dinámicos y deben evolucionar no sólo para lograr educación inclusiva, sino para alcanzar buenos resultados de todos los estudiantes. Los colegios en donde se matriculen alumnos con discapacidad deben revisar todos los ámbitos de su gestión escolar, con miras a reorganizar o reorientar sus procesos en función de la inclusión. Es fundamental que las estrategias pedagógicas y de evaluación sean pertinentes para el tipo de discapacidad que presentan los estudiantes matriculados. Además, es necesario promover en las instituciones nuevas formas de relación entre los compañeros con el fin de lograr la aceptación de las diferencias y el apoyo y la solidaridad de los mismos. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes sordos usuarios de señas, se les debe evaluar en castellano escrito o en lengua de señas, y a los estudiantes ciegos, en Braille o con un lector.


Inclusión, Planes de Mejoramiento y Planes de Apoyo
La educación inclusiva es una política que se materializa en estrategias de ampliación del acceso, el fomento a la permanencia y a la educación pertinente y de calidad, y el mejoramiento de la eficiencia mediante la asignación de personal de apoyo y la identificación de instituciones educativas que puedan dar atención apropiada. Por lo tanto, el denominado "programa de educación inclusiva" es una actividad articulada a la política de mejoramiento de la calidad desde los planes de apoyo al mejoramiento. Su fundamento es reconocer que en la diversidad cada persona es única y que la educación inclusiva es el vehículo para alcanzar la meta de educación para todos.

Cuando la institución educativa asegura que la inclusión sea el centro de su desarrollo, cuando revisa sus políticas, cultura y prácticas reorientando sus procesos de gestión, entonces el abordaje de los estudiantes con discapacidad se hace desde el enfoque de derechos, lo que garantiza mejor calidad.

Este programa se está desarrollando en 65 municipios de 32 entidades territoriales certificadas, seleccionados con los siguientes criterios: alta demanda de población con discapacidad, que pertenezcan a la Red JUNTOS6 contra la extrema pobreza, que sean mayores receptores de población desplazada o que tengan grupos indígenas. La condición de discapacidad es transversal a otros grupos poblacionales; por ejemplo, en una institución educativa pueden matricularse un indígena de la etnia de los curripacos, con síndrome de Down y en situación de desplazamiento, y un adulto iletrado con discapacidad visual.




Plan complementario de educación
Otra manera de garantizar el éxito de una política de inclusión es que, por ejemplo, el maestro cuente con las herramientas para atender las diversas condiciones de las poblaciones que asisten al aula. Así, la inclusión tiene que ver con estrategias complementarias para asegurar la permanencia que, además de la asignación del personal de apoyo, incluyen materiales didácticos y equipos educativos para favorecer la enseñanza y el aprendizaje, didácticas flexibles que permitan al docente enseñar mejor y garanticen al estudiante las condiciones para aprender más y mejor; y generar alianzas estratégicas para que esos apoyos complementarios lleguen oportunamente a la escuela.

Estos últimos varían de acuerdo con el tipo de discapacidad que presenten los estudiantes:
  • Los estudiantes con limitación sensorial requieren, sobre todo, contar con la accesibilidad a la comunicación y a la información. En el caso de las personas ciegas es necesario, entre otros, tener equipos con tecnología de punta como máquina inteligente de lectura, textos en macrotipo y Braille, impresora Braille, libro hablado, Jaws que es un lector de pantalla capaz de leer todos los textos que aparecen en ella e incluso los menús de Windows y de muchos otros programas. Este software requiere el uso de tarjeta de sonido, además de altavoces; igualmente los maestros o el personal de apoyo les deben enseñar el sistema de lectoescritura Braille. Cabe anotar que con las nuevas tecnologías muchas personas ciegas pueden vivir y desarrollarse sin Braille, pues cuentan con máquinas que les leen, computadores que les hablan, etc.
  • Los apoyos complementarios para un estudiante sordo usuario de señas los constituyen básicamente los intérpretes de lengua de señas, los modelos lingüísticos y culturales y el material didáctico de tipo visual que permita el desarrollo de la competencia para leer y escribir la lengua castellana. Los estudiantes sordos usuarios del castellano requieren apoyos para el desarrollo de sus competencias comunicativas.
  • Quienes presentan discapacidad cognitiva y, por ende, se les dificulta más el aprendizaje, requieren, además de tutores, el uso de materiales como rompecabezas, loterías y la aplicación de didácticas flexibles con el fin de desarrollar sus competencias lectoras y matemáticas.
Educación para el trabajo
"En una experiencia que tiene lugar actualmente en Caldas, anota la experta Nidia García, se ha contratado a la Universidad de Manizales para que apoye a 22 instituciones educativas oficiales que reportan más de 600 estudiantes matriculados con discapacidad. Para los jóvenes con discapacidad cognitiva desarrollan un semillero de talentos y montan una microempresa de arreglo de computadores; anteriormente, ellos no hacían nada".

Por esto, el proceso de certificación de las competencias de los jóvenes es necesario y es ahí donde interviene el SENA. Un ejemplo es la certificación de competencias para atención al ciudadano a 130 jóvenes con discapacidad cognitiva que trabajan en Alkosto, en Bogotá, Pereira, Pasto y Villavicencio; más adelante se hará en Barranquilla, Cali y Medellín. Además, el SENA desarrolla proyectos de formación con el apoyo del INCI y del INSOR y con instituciones de educación media. Esta es una muestra de que sí es posible involucrar a todos los sectores en la atención a esta población, haciéndola visible y brindándole oportunidades de productividad.

Para 2010 se espera que por lo menos el 80% de la población con discapacidad asista a la escuela; es complejo llegar al 100% pues hay personas con discapacidades severas o multi-impedidas, a quienes sus condiciones no les permiten ir a la escuela formal. Sin embargo, es responsabilidad de los gobiernos locales ofrecerles programas pertinentes.




Lineamientos de política para la atención educativa a poblaciones étnicas

La Constitución Política reconoció como patrimonio de la nación la diversidad étnica y cultural del país que se expresa en la existencia de más de 83 pueblos indígenas, identificados en el CONPES 1994 -1998 y 11 pueblos más que forman parte de procesos recientes de autoreconocimiento, hablantes de aproximadamente 68 lenguas y 292 dialectos, de la presencia de comunidades afrocolombianas en todo el territorio nacional, de raizales en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como de representantes del Pueblo ROM (gitanos de Colombia) concentrados fundamentalmente en Bogotá, Girón y Cúcuta, en los departamentos de Santander y Norte de Santander.
La atención educativa a los grupos étnicos tiene como responsables directos a las entidades territoriales y las instituciones y centros educativos, que a través de las secretarías de educación deben proponer acciones de manera concertada con los representantes de las etnias, para lograr un mayor acceso y cubrimiento en el sistema educativo de estas poblaciones, velando por el cumplimiento de las leyes, decretos y reglamentos que rigen para su atención, garantizando la autonomía de estos pueblos de manera que se les permita, entre otras, proponer modelos de educación propia acordes con sus formas de vida.
Los procesos pedagógicos fundamentados en la etnoeducación tienen el compromiso de elaboración colectiva, en el intercambio de saberes, vivencias, conocimientos científicos y tecnológicos con miras a mantener, recrear y desarrollar un proyecto global de vida de acuerdo con sus culturas, lenguas, tradiciones y fueros propios y autóctonos. En el marco de la etnoeducación, estos procesos deben combinar la utilización de modelos educativos flexibles (escuela nueva, aceleración del aprendizaje, etc.), la elaboración de currículos propios, el diseño de materiales educativos en lengua materna y español y la asignación de docentes etnoeducadores concertados con las poblaciones étnicas, así como la inclusión en los programas educativos de las cátedras de cada etnia, como la de estudios afrocolombianos, en el área de sociales o de multiculturalismo. A través de convenios con las secretarías de educación, se puede buscar el apoyo de universidades regionales y centros educativos para apoyar procesos de capacitación, programas de nivelación, profesionalización y/o actualización, a los docentes en etnoeducación que laboran con estas comunidades, según las necesidades identificadas en cada etnia.
Las secretarías de educación, deben incorporar al plan de acción para la atención educativa a estas poblaciones, procesos de consulta y concertación, (mesas permanentes o comités de etnoeducación) con las comunidades o sus representantes para definir conjuntamente los criterios básicos de la etnoeducación, la selección de las instituciones o centros educativos y los docentes que ofertan los programas etnoeducativos, así como la identificación de estas poblaciones, tanto las que se encuentran dentro del sistema como las que están por fuera. En el desarrollo de estrategias pedagógicas se deben tener en cuenta la: 
- Utilización de modelos educativos flexibles para la atención etnoeducativa. 
- Permitir la flexibilidad curricular. 
- Promover el intercambio de experiencias pedagógicas para mejorar los procesos educativos e impulsar el desarrollo de nuevos modelos acordes con las necesidades de la población a atender.
- Promover la capacitación de etnoeducadores. 
Igualmente se requiere de: 
- Realizar un inventario de instituciones y centros educativos que atienden poblaciones étnicas, así como de los programas y proyectos de etnoeducación. 
- Delimitar las estrategias institucionales, pedagógicas y financieras, definiendo las metas de corto, mediano y largo plazo.








Políticas publicas en la comunidad LGTBI







Después de más de siete años de espera, la comunidad LGBTI de Colombia recibió la noticia de la expedición de un nuevo decreto que busca garantizar plenamente sus derechos a través de la reglamentación de una política pública.

El decreto 762 de 2018 fue firmado por el ministro del Interior, Guillermo Rivera, con el fin de “establecer y producir condiciones para que la igualdad sea efectiva y real mediante medidas a favor de las personas de los sectores sociales LGBTI, históricamente discriminadas y marginadas”.

Dicha normativa nació a raíz de los llamados hechos por la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los que en repetidas ocasiones advirtieron el déficit de protección y garantías para esta población por parte del Estado colombiano. Ante las alertas, el Gobierno pensó en una política pública que tuviera como referencia las disposiciones internacionales frente a la comunidad.

Este será un instrumento jurídico para el ejercicio efectivo de las garantías de esta población, a través del cual se promoverá el reconocimiento y la inclusión de los sectores sociales diversos, el fortalecimiento de las capacidades institucionales en cuanto al principio de igualdad y la garantía al acceso y apropiación de sus derechos económicos, sociales, culturales, de salud, educación, trabajo, vivienda, recreación, deporte y cultura.

Decreto 762 de 2018

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20762%20DEL%2007%20DE%20MAYO%20DE%202018.pdf




POLÍTICA DE DIVERSIDAD CULTURAL



Diversidad cultural es la variedad de diferentes culturas dentro de un grupo de personas o una sociedad. Este tipo de diversidad se refleja, por ejemplo, en la existencia de diversos grupos étnicos en una determinada área o región
Esta diversidad cultural  se encuentra  presente en las situaciones en que  distintas expresiones culturales propias de herencias y tradiciones distintas pueden convivir armónicamente, cada una realizando un aporte  distinto


Colombia es un país reconocido por su compleja y rica diversidad cultural que se expresa en una gran pluralidad de identidades y de expresiones culturales de los pueblos y comunidades que forman la nación. Como lo plantea la Unesco, la diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad, patrimonio común que debe valorarse y preservarse en provecho de todos.
Colombia es fascinante, no sólo por sus paisajes y su riqueza arquitectónica, lo es también por su gente, de la que se dice son los más amables de toda Sudamérica. Este país tiene el privilegio de estar ubicada en la puerta de entrada de América del Sur, lo que implica que ha sido receptora de muchas etnias y pueblos, tanto originales de América, como de colonos y africanos.

La vitalidad de la cultura colombiana radica precisamente en su diversidad, el patrimonio más valioso de la nación. Afrocolombianos, raizales, palanqueros, rom o gitanos, pueblos indígenas, comunidades campesinas, mestizos, y comunidades originadas en migraciones externas enriquecen el mosaico cultural del país
De acuerdo a los estudios realizados en el territorio nacional viven en el territorio Nacional  84 pueblos indígenas distribuidos en 704 territorios colectivos conocidos como resguardos; existe una población afro descendiente con una participación superior al 10% de la población nacional y hay más de 150 territorios colectivos de comunidades negras tradicionales en la región del Pacífico; igualmente coexisten comunidades rom o gitanas, más de 60 lenguas nativas e innumerables comunidades locales de población campesina. Los anteriores son sólo algunos referentes básicos de una nación pluriétnica que se construye en la diversidad.


PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA  PUBLICA DE DIVERSIDAD CULTURAL

La política pública de diversidad cultural parte de los principios constitucionales que establecen como uno de los fundamentos de la nación su diversidad cultural; así mismo de la obligación del Estado de reconocer, proteger y fomentar la cultura en todas sus manifestaciones y de la garantía constitucional a la libertad de conciencia y de expresión. Por otro lado, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la Unesco del año 2005 señala que “la diversidad cultural constituye un patrimonio común de la humanidad que debe valorarse y preservarse en provecho de todos” y que, por lo tanto, su objetivo central es “proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales”. Sobre estas bases, la política de diversidad en Colombia valora y propende por el reconocimiento de los distintos grupos poblacionales y por el fortalecimiento de su capacidad de apropiación, gestión cultural y salvaguarda de la diversidad de sus expresiones culturales. 

OBJETIVOS GENERALES  DE LA POLÍTICA PUBLICA DE DIVERSIDAD
-Creación y respeto de condiciones para el desarrollo y  fomento de una cultura ciudadana de reconocimiento y respeto por las diferencias Culturales
Fortalecer y garantizar a la sociedad el conjunto de derechos culturales, colectivos e individuales.
Prevenir la discriminación y la exclusión social, pues es necesario evitar el uso de estereotipos que vulneren la imagen, valores y cultura de los pueblos, comunidades y población social y culturalmente diferenciada.
Adoptar medidas que contribuyan a la salvaguardia, de manera integral, de la diversidad de expresiones culturales de los grupos étnicos y comunidades locales, especialmente en situaciones en las que las expresiones culturales estén bajo amenaza y puedan correr peligro de extinción o de  grave menoscabo
Acciones generales
Información  e investigación: Fomentar la ampliación del conocimiento sobre los contextos y procesos sociales y culturales de los distintos grupos de población, haciendo énfasis en los derechos  culturales y la interacción entre la cultura y el desarrollo
Generación de conocimiento y respeto por la pluralidad de las identidades y la salvaguardia y fomento de las lenguas indígenas y criollas de los grupos étnicos. •
A partir de estas consideraciones generales, la política pública de diversidad espera contribuir al desarrollo de una nación más incluyente, con una ciudadanía democrática que participa en la vida social con un fuerte sentido de identidad y pertenencia con su comunidad, con su localidad y con el conjunto de la nación. Es decir, una ciudadanía respetuosa de las diferencias culturales, consciente y orgullosa de la diversidad de su país y de la riqueza de su patrimonio cultural.
LA POLÍTICA DE DIVERSIDAD CULTURAL Y LOS PUEBLOS INDIGENAS



La política pública de diversidad cultural en lo que se refiere a los pueblos indígenas es indicativa. No sobra advertir que las acciones que se desprenden de la misma deben ser concertadas con los pueblos indígenas y sus comunidades dentro de un espíritu de colaboración y diálogo intercultural, es decir, a partir de la aceptación de otras visiones y otras perspectivas sobre la cultura. Esta política señala  los intereses por velar por el reconocimiento y respeto de las culturas indígenas y poder contribuir con las comunidades a garantizar el pleno ejercicio de sus derechos culturales.
El objetivo principal de esta política pública se centra en contribuir con los pueblos y comunidades indígenas para el fortalecimiento en el ejercicio de sus derechos  culturales, buscando así que se de reconocimiento de las manifestaciones y valores culturales de los pueblos indígenas y sus valiosos aportes a la construcción de la nación
POLITICA PUBLICA DE DIVERSIDAD CULTURAL Y LOS PUEBLOS Y COMUNIDADDES AFRODESENDIENTES


La población afro descendiente está ligada a la vida y la historia de la nación colombiana desde su conformación. Tiene presencia en todo el territorio nacional pero se concentra en los litorales Caribe y Pacífico y en ciudades como Cali y Cartagena. Es vital enfatizar que la presencia de la comunidad afro descendiente en regiones como los Llanos Orientales, la Orinoquia, la Amazonia o el Eje Cafetero es notable, por tanto es importante desmitificar la idea de que la presencia afrocolombiana se reduce sólo a unas regiones del país.
Esta política busca l busca orientar la acción pública con el fin de garantizar y fortalecer el ejercicio de los derechos culturales de los afrodescendientes, y elevar así la capacidad de gestión de las comunidades locales y sus consejos para la gestión y salvaguardia integral de su patrimonio cultural.  Basándose fundamentalmente en el respeto  y la autonomía de las comunidades afrodescencientes y por medio de lineamientos El Estado debe garantizar a estas comunidades y personas el ejercicio de su derecho cultural y contribuir con las mismas en el fortalecimiento de estos derechos.

Protección de la integridad cultural de pueblos en riesgo o desplazados • La Corte Constitucional ha identificado 34 pueblos indígenas en riesgo y ha ordenado en su Auto 04 de 2008 la adopción para los mismos de planes integrales de salvaguardia. El Ministerio de Cultura, por su parte, desarrollará, en el marco de la política de diversidad cultural, una propuesta metodológica para la salvaguardia del patrimonio cultural de los pueblos en riesgo. • Las comunidades indígenas, víctimas del desplazamiento forzado, sufren los efectos del desarraigo cultural. En el caso de que esto suceda, además de la atención integral a esta población, se deberán adoptar las medidas necesarias para prevenir y mitigar los impactos culturales que genera el desarraigo y buscar que en los lugares de llegada, o en los de retorno, existan las condiciones para que las familias y las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos, prácticas y usos culturales. • Hay una preocupación especial por la suerte de los pueblos de poco contacto con la sociedad mayoritaria o en “asilamiento voluntario”, como COMPENDIO DE POLÍTICAS CULTURALES 382 es el caso de los ubicados en la zona de interfluvio entre los ríos Caquetá y Putumayo, que deben ser protegidos de manera especial. El Ministerio de Cultura promoverá la adopción de directrices y medidas para la protección de estos pueblos.

política publica nacional de equidad de genero

La Política Pública Nacional de Equidad de Género, reconoce el aporte que las mujeres hacen a la producción y reproducción de nuestra sociedad. Las mujeres como sujetos sociales contribuyen al desarrollo del país en todos los ámbitos, sin embargo, aún persisten diversas formas de discriminación que aún las afectan y que impiden el ejercicio de sus derechos y la ampliación de sus capacidades. Existe aún en el país una brecha considerable entre el reconocimiento de derechos y el ejercicio de éstos para la mayoría de mujeres, especialmente para aquellas que enfrentan situaciones de especial vulnerabilidad o aquellas que evidencian la intersección de múltiples discriminaciones, generándoles una afectación desproporcionada y una relación inequitativa. Por ello, el Gobierno Nacional busca poner en marcha un conjunto de acciones estratégicas que permitan avanzar en la superación de la discriminación garantizando el ejercicio de los derechos de las mujeres, y de esta manera, generar beneficios para el conjunto de la población colombiana que redunden en una sociedad más equitativa, incluyente, próspera, democrática y en paz. 

El Ministerio de Salud y Protección Social como entidad rectora del Sistema General de Seguridad Social en Salud, hace parte integral de la Política Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, liderada por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, formulada en respuesta al compromiso establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 "Prosperidad para todos" y que tiene como propósito garantizar los derechos humanos integrales e interdependientes de las mujeres y la igualdad de género.
El Ministerio desarrolla acciones en los ejes de i) Transformación cultural y construcción de paz, ii) Salud y derechos sexuales y reproductivos y iii) una vida libre de violencia del Plan de Acción Indicativo para el período 2013-2016.
​En el eje de Transformación cultural y construcción de paz, se avanza en la transversalización del enfoque de género, inicialmente en las políticas, planes y programas para víctimas del conflicto armado, discapacidad, asuntos étnicos, familia y envejecimiento y vejez. En el eje para garantizar una vida libre de violencia se avanza en la implementación de las medidas de atención ordenadas en la Ley 1257 de 2008​ y sus decretos reglamentarios.

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Conclusión 

Actualmente las políticas públicas realizan un conjunto de medidas reformadoras, las cuales deben ser construidas con la participación de los grupos afectados por los diversos problemas, en Colombia muchos de las problemáticas existentes con dichas políticas es que carecen de pertinencia, donde los grupos afectados por la política son entendidos como centro de análisis y legitimación del proceso, pero estos actores diferentes al Gobierno no son tenidos en cuenta en la formulación, implementación y evaluación de las políticas.
Este tipo de políticas son la plataforma de los planes, programas y proyectos dirigidos a resolver parte de los conflictos sociales existentes, dejando a un lado los propósitos iniciales se puede observar como en nuestro país se convierte en contexto de corrupción, clientelismo e ilegalidad, anomalías adheridas al sistema político, muchas personas de los diferentes grupos elijen representantes los cuales encuentran oportunidades de plataforma política para fines personales que intentan influenciar el proceso político en una dirección favorable a sí mismos, lejos de ayudar a la comunicad que impulso la llegada de esta persona a esferas políticas con un deseo de visibilizarían y mejora en la calidad de vida para su comunidad.
No se puede desconocer la lucha de las comunidades vulnerables de Colombia y los logros a través de las políticas públicas que en si es ya un avance, ahora nos toca avanzar como sociedad frente a la inclusión y garantía de derechos de dicha población, pueden existir mil políticas públicas que ayuden al progreso de estas poblaciones pero también se debe realizar etnoeducación y proyectos educativos de inclusión y diversidad donde el cambio empiece por cada ciudadano y su forma de ver al otro como sujeto de virtudes y defectos.




Bibliografia

Vélez, C & otros. (2005). Lineamientos de política de poblaciones vulnerables. Ministerio de Educación Nacional M.E.N. - Grupos Poblacionales. Recuperado de: 

http://www.oei.es/quipu/colombia/politica_vulnerables.pdf

- Ministerio del Interior (2015). El enfoque diferencial y étnico en la política pública de víctimas del conflicto armado. Recuperado de 


- Pérez Jiménez, C; (2008). Identidades en debate, ciudadanías para la inclusión: Ser Queer en un mundo Straight. Revista de Ciencias Sociales (Ve), Vol XIV núm. 3, septiembre-diciembre, 2008, pp. 513-527. Recuperado de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28011676007

- Secretaría Distrital de Planeación. (2015). Política Pública: Garantía de Derechos LGBTI. Bogotá: Secretaría Distrital de Planeación. Recuperado de 
- Ministerio de Cultura de Colombia. Política de Diversidad Cultural. Recuperado de 



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